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Escribo estas líneas para explicaros la situación actual de la Federación, los últimos acontecimientos, y los pasos que estamos dando para intentar salvar la difícil situación que nos hemos encontrado.

 

Como escribí en anteriores comunicados, no pude tomar posesión efectiva del cargo de Presidente hasta el 20 de marzo de 2017, ante la existencia de un recurso contra mi proclamación, desde la candidatura del candidato que perdió las elecciones, don Fernando Herrero.

 
 

Con el argumento de la pendencia de ese recurso, el Gerente y parte del personal de la Federación nos negó el acceso a las oficinas el día 2 de marzo, por lo que tuvimos que esperar a que el TAD desestimara la impugnación del señor Herrero.

 

Así las cosas, sólo el 20 de marzo de 2017 pude comenzar a actuar como Presidente, empezando por la complicada tarea de convencer a la plantilla de la Federación que debía colaborar con la nueva Junta Directiva, lo que no fue fácil.

 

Comenzamos a solicitar información y documentación, que se nos iba facilitando de manera pausada y, nos tememos, de forma interesadamente paulatina e incompleta.

 

Intentaré explicaros la situación económica que me encontré al acceder a la Federación.

 

En el caso concreto de la RFEDETO, comprobamos que la Federación arrastra graves problemas económicos desde hace años, acumulando pérdidas superiores a los 5 millones de euros, hasta el punto de que ya en el año 2011 solicitó y obtuvo un préstamo del CSD, por importe 975.000,00 de principal, que ha devengado intereses.

 

La Federación ha tenido que devolver el indicado préstamo mediante pagos anuales tras un periodo inicial de carencia de tres años. Esos pagos anuales, de 219.562,68 €, se compensaban de las propias subvenciones realizadas por el CSD para sufragar la actividad deportiva de ámbito nacional o internacional de la Federación. Es decir, que cada año, se descontaba la de las subvenciones de las actividades que acometía la Federación, esa cantidad de 219.562,68 €. A resultas de ello, en la actualidad se adeudaría al CSD la cantidad de 623.208,86 €, del que había que pagar en julio de 2017 la cantidad de 219.562,68 €.

 

Incluyendo ese préstamo del CSD, a fines de 2015 la Federación tenía una deuda conjunta acumulada de 2 millones de euros, por lo que el anterior Presidente, Rodrigo de Mesa, procedió a la venta de la sede Federativa en febrero de 2016 para intentar evitar las reclamaciones judiciales.

 

A pesar de la venta de la sede y de otros inmuebles, en el año 2016 la Federación impagó a su vencimiento diversos importes, entre ellas varias nóminas de los trabajadores.

 

Ante ello, el anterior Presidente concertó diversos préstamos para poder pagar parte de las deudas de 2016 e incluso 2015, puesto que algunos importes impagados habían sido previamente subvencionados por el CSD en esos años. Y dado que el dinero de la subvención de 2016 se había destinado a otros gastos diferentes a los subvencionados por el CSD, si el anterior Presidente no justificaba su pago durante el proceso de verificación por el CSD (enero y febrero de 2017), podía ser requerida la reintegración del importe subvencionado en 2016, conforme a la Ley General de Subvenciones. Además, tal vez influyera en aquella decisión que a principios de 2017 se celebraron las elecciones a Presidente, en las que competían diversos candidatos, alguno de ellos más afín al Presidente saliente, no interesando el escándalo de una cascada de reclamaciones judiciales o plantes de trabajadores con nóminas pendientes de cobro.

 

Así, en fecha 20-12-2016 el anterior Presidente concertó un préstamo hipotecario con Banco Sabadell por importe de 700.000 €, teniendo como garantía hipotecaria el derecho de superficie de la Federación sobre las edificaciones deportivas de la Federación en el CEAR Juan Carlos I, de Granada (valoradas en 8.108.631,41 €). El importe percibido fue destinado a pagar nóminas pendientes de 2016, retribuciones a deportistas, entrenadores, asesores externos, facturas impagadas, etc… todo ello adeudado con anterioridad a la recepción del préstamo. Préstamo cuya legalidad se cuestiona por la actual Directiva, entre otras cosas porque precisaba autorización de la Asamblea General y, sin embargo, en la convocatoria de la Asamblea de junio de 2016 en la que se trató esa posibilidad se expuso que se trataba de solicitar el préstamo con garantía hipotecaria al CSD, modificándose el contenido del acuerdo por el gerente tras su aprobación, a lo que nos opusimos varios asambleístas.

 

Igualmente, y a pesar de encontrarse en proceso electoral y actuar como mero Presidente de la Comisión Gestora de la Federación durante el mismo, sin autorización de la Asamblea ni de ningún órgano de control interno de la Federación, en fecha 3-2-2017 concertó un préstamo con Banco Popular por importe de 550.000,00 €, que fue destinado igualmente al pago de deudas contraídas en 2016 y 2015. (Préstamo cuya legalidad se cuestiona igualmente, dada la falta de legitimación del Presidente, en aquel momento actuando en funciones, como Presidente de la comisión gestora durante el proceso electoral, para la asunción de tal préstamo).

 

Por si fuera poco, para la concesión de ese préstamo (destinado a pagar deudas de 2016 y 2015), el anterior Presidente de la Federación acordó con Banco Popular ceder a esa entidad 550.000,00 € de las subvenciones a percibir del CSD en 2017 para sufragar las actividades de la Federación del corriente año 2017. Cesión de la que no tuve noticia hasta principios de mayo de 2017, por pura casualidad, porque me lo comentó un empleado de Banco Popular, dado que el gerente de la Federación no nos había informado de ello.

 

Es decir, que para pagar deudas de 2016, por el anterior Presidente, 23 días antes de las elecciones, se comprometieron 550.000,00 € de subvención concedida por el CSD para el sufragio de las actividades del año 2017 de la Federación. Actividades que deberían ser realizadas y pagadas por la Federación en 2017 a pesar de no haber podido destinar la subvención a su finalidad, pues, de lo contario, el CSD podría exigir la reintegración de la subvención en aplicación de la Ley General de Subvenciones, artículo 37.1.c).

 

Con lo que me encontré que, antes de las elecciones, el anterior Presidente había comprometido seriamente la actividad de la Federación del corriente año 2017, agravándose la situación de insolvencia al verse privada la Federación de esos 550.000 € de subvención que deberían de haberse destinado al pago de actividades y gastos.

 

Debe recordarse que, además, se adeuda al CSD más de 640.000 € del préstamo concedido en el año 2011, con un vencimiento en 2017 de aprox. 220.000 €.

 

Así, si en 2017 se preveía obtener una subvención de aproximadamente 810.000 €, necesaria para las actividades de 2017, y que exige la justificación del gasto para evitar procedimientos de reintegración por el CSD, pero 550.000,00 € se iban a destinar al pago a Banco Popular (por el préstamo solicitado para pagar deudas de 2016), y 220.000’00 € se destinaban al CSD (para el pago de la cuota del préstamo de 2011), únicamente quedaban a la Federación aproximadamente 50.000,00 € como remanente de la subvención de 2017. Lo que entenderéis que hacía prácticamente imposible realizar las actividades de 2017 (entre ellas, viajes de los equipos de tiradores, que se han visto afectadas por esta actuación del anterior Presidente).

 

Así mismo, y según la contabilidad que se le facilitó por el Gerente al actual Presidente, a pesar de los pagos realizados con los préstamos de Banco Sabadell y Banco Popular, a fecha a 31-4-2017 se adeudaba 450.474’12 € a proveedores y trabajadores (en concreto, 52.249,27 € a trabajadores en concepto de varias nóminas pendientes de pago), existiendo ya varios procedimientos judiciales de reclamación a principios de mayo de 2017.

 

Con toda esta información, y tras constatar que la Federación adeudaba dos nóminas a los trabajadores (en algunos casos más de tres), tuve que proceder al despido por causas objetivas de 4 trabajadores, y a la resolución del contrato de Alta Dirección del Gerente de la Federación. Todo ello con fecha 11 de mayo de 2017.

 

Así mismo, al constatar la situación de insolvencia de la Federación conforme a la Ley Concursal, a fin de evitar incurrir en responsabilidad personal por no promover la declaración de concurso en cumplimiento del artículo 5.1 de la Ley Concursal (que me obliga a promover el concurso de acreedores en los dos meses siguientes a conocer la situación de insolvencia), tuve que realizar la comunicación del artículo 5.bis de la misma norma (lo que comúnmente se denomina “preconcurso de acreedores”) el pasado 26 de mayo de 2017, con efectos de 29 de mayo, lo que nos permitía negociar con los acreedores durante cuatro meses, para intentar evitar el concurso.

 

Con posterioridad a la comunicación se han sucedido los contactos con los acreedores, siendo el más relevante el CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (CSD), tanto por el monto de la deuda como por la dependencia financiera de la Federación respecto de las subvenciones que concede el CSD, y que suponen aproximadamente el 50 % del presupuesto anual de la Federación.

 

Paralelamente, a fin de intentar evitar la declaración de concurso de acreedores, se intentó sin éxito que el CSD no abonara al Banco Popular los 550.000 € de la subvención de 2017, cedidos por el anterior Presidente, y que fueron finalmente pagados a principios de julio de 2017 por el CSD al Banco, quién se ha negado a reintegrarlos a la Federación.

 

Ese pago a Banco Popular por el CSD, unido a la difícil situación de la Federación y a la necesidad de seguir pagando nóminas y gastos de las actividades presentes, motivaron que la Federación no pudiera hacer frente a la cuota del corriente año 2017, de 220.000’00 € aprox., correspondiente al préstamo concedido por el CSD en 2011. Y aunque ya en julio de 2017 solicitamos el aplazamiento del pago al CSD, el pasado mes de septiembre se nos comunicó que ya no era organismo competente, y que debíamos dirigirnos a la Agencia Tributaria, lo que hicimos inmediatamente, sin que hasta la fecha hayamos logrado obtener un aplazamiento.

 

Todas estas gestiones y negociaciones fueron agotando el plazo de 4 meses que el artículo 5.bis de la Ley Concursal me daba para negociar sin incurrir en responsabilidad, pues pasado ese plazo la ley me obligaba a presentar el concurso de acreedores de la Federación.

Para explicar todo esto a los Presidentes de las Federaciones Territoriales, así como a la Comisión Delegada, tuvimos una reunión con ellos el pasado 25 de septiembre. En ella expliqué a los Presidentes que estaba dispuesto a asumir el riesgo personal de esperar unos días más antes de interponer el concurso de acreedores, a ver si se lograba un acuerdo –sobre todo con el CSD y con la Agencia Tributaria-, y se lograba la refinanciación de la deuda.

 

Pero igualmente les explicamos que si las negociaciones se dilataban, y se tenía que presentar concurso de acreedores, se iba a presentar una propuesta de convenio a los acreedores, sin quita y con aplazamiento de 5 años, para aplazar el pago de las deudas de la Federación y evitar el cierre y la desaparición de la misma.


También les explicamos que, tanto en el caso de llegar a un acuerdo sin presentar el concurso, como teniendo que presentar el concurso de acreedores, para salvar la Federación era necesario que se incrementara la cuota estatal de las licencias autonómicas de 5 a 15 euros para evitar la desaparición de la Federación.

 

Se les explicó que esa subida era necesaria para poder pagar las deudas de la Federación: en el caso de llegar a un acuerdo de aplazamientos con los acreedores antes del concurso, para poder pagar los nuevos plazos. Y en el caso de tener que hacerlo con concurso de acreedores, igualmente para poder igualmente pagar las deudas de manera aplazada a lo largo de 5 años.

 

En la misma reunión se les preguntó a los Presidentes de las Federaciones Territoriales que acudieron, qué pensaban proponer a sus Asambleas, a fin de comprobar si se podría obtener el apoyo que exige la Ley del Deporte (mayoría de Asamblea, y mayoría de Federaciones, que a su vez representen a la mayoría de los federados), en la Asamblea de la Federación que se tiene que convocar para ello.

 

De las 15 Federaciones asistentes, 12 manifestaron que defenderían esa subida en sus Asambleas, teniendo en cuenta las circunstancias de la Federación, entendiendo que ese el último recurso para evitar su desaparición y quiero creer que confiando en mi capacidad para gestionar la Federación en esta situación difícil y complicada.

 

Sólo las Federaciones de Madrid, Melilla y Castilla La Mancha, manifestaron que no defenderían esa subida en sus Asambleas, expresando un “no con reservas”.

 

Con ese respaldo decidí esperar unos días más antes de presentar el concurso de acreedores, en la esperanza de concretar con la Agencia Tributaria y/o con el Consejo Superior de Deportes si iban a facilitar el aplazamiento de la deuda de la Federación.

 

Sin embargo, para mi sorpresa me encontré con que dos días después de esa reunión del 25 de septiembre, el 27 de septiembre, don Jesús Almirón (candidato que se presentó a las elecciones y a última hora se retiró dando su apoyo a don Fernando Herrero) acudió a las oficinas y presentó 21 solicitudes de miembros de la Asamblea, presentando una solicitud de moción de censura contra mi persona, proponiendo como candidato alternativo a don Fernando Herrero, quién también firmó la solicitud. Debo confesaros que me extrañó la presentación de la moción porque esos asambleístas me han acusado durante meses de querer hundir la Federación y, sin embargo, presentaron la moción de censura tras explicarles todas las gestiones que se estaban realizando y las diferentes estrategias en las que estoy trabajando para salvar la Federación y evitar su cierre.

 

Mayor fue mi sorpresa cuando, al día siguiente, don Fernando Herrero (que había firmado una de las peticiones de moción de censura, proponiéndose como candidato contra mí), presentó en la Federación su renuncia a ser candidato alternativo en la moción de censura. Con posterioridad nos ha llegado el rumor de que se había decidido la presentación de la moción de censura cuando creyeron que la subida de 5 a 15 euros era un hecho. Pero que decidieron retirarla al darse cuenta de que la mayoría de los Presidentes autonómicos únicamente se habían comprometido a defender la subida en sus asambleas por confiar en mí como Presidente de la RFEDETO.

 

Tanto las peticiones de moción de censura, como la renuncia del día siguiente de don Fernando Herrero han sido trasladadas a la Junta Electoral (que fue designada por la anterior Directiva), para que ella decida si se debe tramitar, o si la renuncia del candidato la invalida.

 

En cualquier caso, con posterioridad nos han llamado varios miembros de la Asamblea comunicándonos que los están intentando captar para que firmen una nueva moción de censura, que al parecer se presentará cuando se haya aprobado la subida de la cuota y se hayan solventado los problemas de la Federación. Mucho me temo que los promotores de esa moción de censura quieran hacerse con el control de la misma para volver a los mismos errores de gestión y despilfarro a los que se han puesto fin.

 

En estas circunstancias, dado que los plazos legales para la presentación del concurso se agotaban sin tener una respuesta de la Agencia Tributaria, y ante un comportamiento tan errático y contradictorio por parte de algunos asambleístas, que tal vez voten en contra de la subida, y dado que estoy legalmente obligado a interponer el concurso de acreedores aunque sea a causa de las deudas contraídas por el anterior Presidente, he tenido que presentar la petición de declaración de concurso, y está actualmente en tramitación en los Juzgados de lo Mercantil de Madrid.

 

Como he explicado antes, si se presenta el concurso no es para cerrar la Federación, sino al contrario, para plantear a los acreedores una propuesta de convenio con un aplazamiento de hasta 5 años para ir pagando las deudas año a año, y sin quita, para poder obtener la adhesión de la Agencia Tributaria y del Consejo Superior de Deportes. En esa línea seguimos trabajando, y confío en que logremos obtener tanto la aprobación del convenio por los acreedores, como la subida de la cuota estatal de las licencias autonómicas, necesaria para evitar la desaparición de la Federación.

 

Aténtamente,

 
     

Miguel Francés Pumarada

Presidente de la RFEDETO

 
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